El desplazamiento transnacional de trabajadores

Resumen

La investigación se ha dirigido al estudio del desplazamiento transnacional de trabajadores, en tanto que objeto normado de la Directiva 96/71/CE. La tesis doctoral se ha dirigido a articular una respuesta jurídica frente al vaciamiento comunitario de determinadas instituciones sociales de nuestro derecho interno. De modo que se ha hecho un particular hincapié en los dos primeros capítulos en la identificación de determinadas inconsistencias teóricas, e incluso antinomias, en la propia lógica jurídico-constitucional comunitaria, a fin de articular una línea de defensa jurídica de los diversos dispositivos jurídicos que conforman el principio de favor laboris en el Derecho el Trabajo, sin tratar, no obstante, de escaparnos de dicho sistema de validez jurídica, pues lo que se ha pretendido es que el derecho económico comunitario pugnase con sus propios límites. Ha sido obligado comenzar por identificar los distintos planos jurídicos en los que se ha producido una retorsión de un principio fundante de la Comunidad, concretamente el principio de no discriminación, lo que ha permitido poner en cuestión los motivos jurídicos que actualmente están permitiendo excluir al factor trabajo, que se desplaza en el mercado interior de servicios, de los beneficios de la paridad de trato; sometiendo también a crítica el modo en que el principio de proporcionalidad está siendo utilizado por el derecho económico comunitario para determinar qué tipo de normas laborales resultan aceptables en el mercado interior de servicios. Esta deriva del derecho comunitario en la aplicación del principio de remoción de obstáculos a las normas sociolaborales ha exigido de esta investigación un análisis de conformidad al Tratado de la legislación laboral española que ha impuesto límites a la subcontratación de servicios dirigida a la protección de los trabajadores subcontratados. En particular se ha estudiado y defendido la adecuación al artículo 56 del Tratado de de los mecanismos de extensión de responsabilidad en materia salarial, de seguridad social y sancionadora, así como de los límites a la subcontratación impuestos por la Ley 32/2006 en materia de subcontratación en el sector de la construcción. Este tratamiento de la subcontratación nos ha conducido también necesariamente a analizar la endeble frontera entre la contrata y la cesión ilegal de trabajadores desplazados. Baste señalar en este sentido que la posibilidad que tienen actualmente los Estados de determinar el concepto de trabajador, permite poner ciertos límites legales a la cesión ilegal y al desplazamiento de falsos autónomos. Dicho estudio normativo y metodológico previo nos ha permitido, por último, identificar una serie valores y principios, en el cuarto capítulo, de alcance político-constitucional que subyacen en el derecho comunitario y que responden a una nueva noción de constitucionalismo y, en definitiva, acuñan una nueva idea de Estado de Derecho. Hemos ido describiendo, en este sentido, como en los distintos ámbitos de esta investigación las categorías jurídicas fundamentales que sustentan nuestro ordenamiento, a estas alturas ya fusionado con el comunitario, han quedado fuertemente impregnadas de categorías económicas, de un modo que lentamente acaba desconstruyendo el derecho.