Delitos contra la administración pública y corrupcióncriterios de imputación al superior jerárquico

  1. Guimaray, Erick
  2. Terradillos Basoco, Juan María pr.
  3. Acale Sánchez, María pr.

Editorial: Reus

ISBN: 978-84-290-2488-3

Año de publicación: 2021

Tipo: Libro

Resumen

Análisis de la responsabilidad penal de los altos cargos públicos por delitos contra la Administración pública vinculados a la corrupción: desde los componentes de una modalidad de corrupción pública superlativa (la gran corrupción) hasta el estudio de la teoría general de los delitos contra la Administración pública. Además, en la tercera parte de la obra se postula la aplicación de tres criterios de imputación a los superiores jerárquicos de las administraciones públicas: autoría mediata, comisión por omisión y delegación de funciones.En el presente trabajo se aborda el estudio de la responsabilidad penal de los altos cargos públicos por delitos contra la Administración pública vinculados a la corrupción. En la primera parte se expone los componentes fundamentales de una modalidad de corrupción pública superlativa, esto es, la gran corrupción, donde el más importante poder público o político junto al poder económico empresarial ejecutan una organizada actividad delictiva entre los ductos normativos de la Administración. Luego, en la segunda parte del libro, el análisis se centra en el estudio de la llamada teoría general de los delitos contra la Administración pública. Con especial énfasis en la discusión sobre la tipicidad, su relación con el concepto de corrupción pública y el sistema de participación criminal; junto a ciertas propuestas de lege ferenda basadas en el desvalor jurídico de la corrupción. Por último, sobre la base de la descripción de los hechos y de la valoración dogmática, en la tercera parte de la obra se postula la aplicación de tres criterios de imputación a los superiores jerárquicos de las administraciones públicas: autoría mediata, comisión por omisión y delegación de funciones. De interés para juristas (jueces, fiscales, procuradores y abogados litigantes) e investigadores en ciencias penales.