La conciliación y las personas trabajadoras al servicio del hogar familiar

Abstract

Hay que afirmar la gran importancia del trabajo doméstico, al constituir una de las principales fuentes de empleo ocupando a un elevado número de trabajadores, y al resultar esencial para el buen funcionamiento de la economía y de la sociedad. El envejecimiento de la población, el incremento de la esperanza de vida y la incorporación de la mujer al mercado de trabajo han conllevado un aumento de la demanda del trabajo doméstico, cubriendo en ocasiones necesidades sociales que deberían ser satisfechas por las administraciones públicas con cuidados profesionalizados. Es evidente la gran transformación que se ha producido en el marco jurídico regulador de las personas trabajadoras al servicio del hogar familiar en España, tanto en el ámbito laboral como en el de Seguridad Social. El RD-l 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar supone un nuevo paso en la equiparación de las condiciones de trabajo y de seguridad social de las personas trabajadoras del hogar familiar a las del resto de personas trabajadoras por cuenta ajena, intentando evitar cualquier tipo de desventaja discriminatoria respecto a este colectivo de trabajadores. Estas modificaciones normativas han supuesto un incremento de los costes que los empleados de hogar suponen para sus empleadores, que no son empresarios que obtienen un beneficio económico, por lo que resulta necesario implementar beneficios en la cotización y subvenciones para fomentar la contratación de empleados de hogar, intentando evitar o reducir la economía sumergida existente en este sector de actividad. La disposición adicional primera del RD-l 16/2022 prevé los beneficios en la cotización aplicables en el Sistema Especial para Empleados de Hogar, considerando las condiciones de renta y patrimonio y las necesidades de cuidado de las familias. También existen ayudas y subvenciones autonómicas, analizándose tres casos concretos en Andalucía, Madrid y Euskadi.