La actuación de los detectives privados como instrumento del control empresarial

Resumen

El recurso por empleador a los servicios de un detective privado para someter a sus trabajadores a vigilancia con fines de control del cumplimiento de deberes contractuales, por muy frecuente que sea debe no obstante someterse al análisis de su corrección jurídica y constitucional desde el examen integrado de la normas específicas sobre seguridad privada y protección de datos personales. Un planteamiento que permite comprobar cómo, a pesar del refuerzo jurídico otorgado al derecho fundamental a la privacidad de datos personales (por obra de la Ley 3/2018, de 5 de diciembre, que trae causa del Reglamento 2016/679/UE) sigue habiendo fisuras interpretativas por las que se mantiene un amplio margen de operatividad para los poderes empresariales de dirección y control de la actividad laboral, amparando un interés legítimo al recurso de vigilancia privada, que a pesar de no ser ni informada ni consentida por el trabajador, se acepta como no lesiva del derecho a la privacidad de sus datos personales, y aun cuando por lo general el tratamiento de tales datos se funcionaliza a adoptar acciones disciplinarias contra el trabajador. Las fisuras normativas detectadas han de ser corregidas por una adecuada aplicación del juicio de proporcionalidad que ponga el acento en la estricta necesidad de la vigilancia privada y el tratamiento de los datos obtenidos, y no en la mera oportunidad o idoneidad de tal actuación al fin propuesto de garantizar el cabal cumplimiento del contrato de trabajo.