El derecho de residencia como factor limitativo del acceso a prestaciones de seguridad social

Resumen

En diciembre de 2016, la Comisión Europea presentó una propuesta de modificación del Reglamento 883/2004 sobre coordinación de los sistemas de seguridad social, por la que se facultaría al Estado miembro de acogida para limitar el acceso a sus prestaciones de seguridad social a aquellos ciudadanos de la Unión económicamente inactivos que no sean titulares del derecho de residencia conforme a la Directiva 2004/38. Esta medida, que supone una excepción al principio de igualdad de trato con los nacionales del país de acogida, encuentra sus antecedentes en una salvedad similar de la Directiva mencionada, con respecto a las prestaciones de asistencia social, persiguiendo evitar que el ciudadano que no ejerce actividad económica se convierta en una carga excesiva para la asistencia social del Estado de acogida. En general, la medida propuesta pretende proteger las finanzas públicas y el estado de bienestar del país de acogida frente a quienes hacen un uso abusivo de su derecho de libre circulación para reclamar y beneficiarse de mejores prestaciones de seguridad social en otro Estado miembro que las ofertadas en su propio sistema nacional. El presente estudio analiza, de un lado, la regulación y jurisprudencia comunitaria acerca del derecho de residencia en el contexto de la Directiva sobre libre circulación y residencia, y de otro, el contenido y alcance posible de la medida propuesta por la Comisión, necesariamente bajo las consideraciones precedentes, para terminar con una reflexión sobre su evidente conexión con el reto que propugna el Pilar Europeo de Derechos Sociales, consistente en garantizar unas prestaciones de renta mínima adecuadas a quienes carezcan de recursos suficientes para llevar a cabo un nivel de vida digno.