La ejecución de los desahucios tras el convalidado Real Decreto-Ley 7/2019

Resumen

El Real Decreto-Ley 7/2019 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler modifica, entre otras normas, varios artículos de la LEC que afectan al juicio verbal de desahucio y a su ejecución, otorgando las mismas herramientas procesales a las dos partes para la defensa de sus derechos al ampliar de forma acertada la tramitación de las reclamaciones por el juicio verbal y, con la finalidad de proteger al arrendatario en situación de vulnerabilidad, admitiendo la posibilidad que, una vez iniciado el procedimiento, pueda suspenderse para que los servicios sociales intervengan a fin de una solución a la crisis habitacional. La reforma pretende atender situaciones que demandan una mayor protección social, pero aun siendo éste el objetivo, falta concreción en los nuevos trámites introducidos, lo que unido a la realidad práctica del desarrollo de estos procedimientos y al tiempo previsto de suspensión, un mes o tres meses según el tipo de arrendador para que los servicios sociales busquen una solución, es previsible una falta de efectividad que solo producirá más retrasos en un procedimiento cuya finalidad es restituir al arrendador la posesión de su vivienda ante el incumplimiento del contrato por el arrendatario, y su pasividad para demorar la entrega de la posesión del inmueble, sin que sean iguales los planteamientos de anteriores reformas procesales, como las introducidas respecto de los deudores hipotecarios, para evitar desahucios y lanzamientos. La reforma ahora recogida pretende evitar los lanzamientos, y también la no suspensión de los mismos, al dotar de garantías y medios a los arrendatarios con tiempo que se considera suficiente para abandonar la vivienda o regularizar su situación con el arrendador. Se analizan en el presente artículo los artículos modificados y las distintas opciones que podrán plantearse en su aplicación.