Los recursos administrativosactos garantes del derecho de los interesados a impugnar los acuerdos de la administración

Resumen

El sistema continental administrativo se ha basado tradicionalmente en la formación y posterior mantenimiento de una Admnistración Pública, recubierta de privilegios frente al ciudadano o administrado que se ha situado en una posición de debilidad frente a la misma. Uno de esos privilegios tradicionales, ha sido el de la autotutela, manifestándose el mismo, en un sistema de recursos administrativos, que permita a dicho Ente, solventar los conflictos planteados, antes de llegar a juzgados y Tribunales. Es en esta materia donde se ha producido un cambio sustancial en la situación del administrado frente a la Administración, que ha pasado de una situación de subordinación, a una situación rodeada de garantías que tratan, sin conseguirlo de equiparar, en derechos y deberes a ambos sujetos. A pesar de ello y no siendo baladí la cuestión, el sistema de recursos da lugar a ventajas y desventajas para el ciudadano, lo que ha dado lugar a que hayan corrido ríos de tinta, sobre la necesidad o no de los recursos administrativos e incluso una vez aceptada su utilidad. Multitud de factores van a influir en la perspectiva que podamos tener sobre los mismos: tipo de Administración, órgano decirsor, clases de recursos, carácter potestativo o perceptivo de los mismos, formalidades, plazos, etc.. Dichos factores demuestran, si los recursos administrativos son como se ha dicho una carga o un instrumento útil para los ciudadanos. A intentar descifrar este dilema, en la realidad de nuestro ordenamiento jurídico, se ha dedicado el presente trabajo. Para ello he seguido el siguiente esquema: En la primera parte de mi estudio me he centrado en la delimitación conceptual de la figura del recurso administrativo, caracterización, naturaleza jurídica, orígenes históricos, fundamento, clasificación, etc. A continuación, y obtenidas las claves de esta institucióm, he procedido al examen de la regulación actual, no solo desde la normativa aplicable en esta materia, constituida básicamente por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Adminsitraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, sino además desde su posterior desarrollo doctrinal y jurisprudencial. Con esta labor, he intentado obtener una "guía práctica", para solventar las diversas cuestiones que se puedan plantear con la interposición de un recurso administrativo. Por último, y con los resultados obtenidos, he elaborado una serie de conclusiones, que intentan reflejar en que medida la regulación vigente en esta materia, es satisfactoria para la concepción de los recursos administrativos como instrumento útil para los ciudadanos, o es necesario llevar a cabo una reforma en profundidad por parte del legislador, al objeto alcanzar ese fin, que la buena lógica jurídica-administrativa exige.