El derecho fundamental de acceso a la información pública

  1. Moreno Montes de Oca, Benjamín
Dirigida por:
  1. Antonio Troncoso Reigada Director
  2. Andrea Morone Codirector/a

Universidad de defensa: Universidad de Cádiz

Fecha de defensa: 16 de junio de 2023

Tribunal:
  1. Miguel Revenga Sánchez Presidente
  2. Claudia Tubertini Secretario/a
  3. Emilio Guichot Reina Vocal
  4. Severiano Fernández Ramos Vocal
  5. Diletta Tega Vocal

Tipo: Tesis

Teseo: 819674 DIALNET

Resumen

Tanto en Italia como en España las personas han reivindicado que el ordenamiento jurídico reconozca un verdadero derecho de todos a acceder a la información pública de manera libre. En parte, esto ha sido así por la desafección de los ciudadanos con el sistema político que los ha llevado a reivindicar un rol más preponderante en los procesos de toma de decisiones públicas y a exigir una mayor eficiencia en la lucha contra la corrupción en el sector público. Con el libre acceso a la información pública se favorecen ambas cosas, ya que la información que posee el sector público resulta valiosísima para que los ciudadanos puedan enjuiciar de manera crítica «cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o bajo qué criterios actúan nuestras instituciones» -apartado I del preámbulo de la LTAIBG-. Tradicionalmente, el derecho a acceder a los documentos públicos ha sido una cuestión vinculada al procedimiento administrativo y su ejercicio quedaba circunscrito a ser parte en el procedimiento. Este derecho ha sido el modelo seguido para la creación del derecho de acceso a la información público, aunque nace desvinculado del procedimiento administrativo en la medida en que tiene un fundamento democrático del que carece el derecho de acceso en el procedimiento administrativo. En esta tesis doctoral estudiamos las normas que han hecho posible que en Italia y España se cree este nuevo derecho político en el siglo XXI y su fundamento democrático. Concretamente, en Italia han sido el Decreto Legislativo 33/2013 y el Decreto Legislativo 97/2016 y en España la LTAIBG, las normas que han configurado este nuevo derecho.